El pasado jueves 15 de junio tuvo lugar la concentración ante la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, ya anunciada.
La realidad es que si bien no superaron las 50 personas, la iniciativa de los telegramas fue muy eficaz, y la presencia de TV supuso el eco necesario para que a la Junta de la Plataforma la recibiese la Dirección de la citada Consejería, y se comprometiera, en el tiempo de este mismo mes, a contestar los requerimientos que sobre su responsabilidad les tiene hechos nuestro Gabinete Jurídico.
Se hace preciso, en este momento, concretar la situación actual y las gestiones que se han llevado a cabo, y están propuestas en la actualidad por esta Plataforma:
1º En octubre de 2002, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona admitió a trámite la querella criminal presentada por parte de un colectivo de querellantes, y en cuya instrucción se ha venido imputando a las siguientes personas: Evaristo Pérez Sánchez (fallecido), Juan José Pérez Sánchez, María de las Mercedes Torres Salado, María Nieves Torres Salado, Rocío Torres Salado, José Luis García Barragán, Abigail Martín Labazuy, Juan Andrés Torrecillas Martínez, Diego Luna Sánchez, Ángel Páramo Zarzuelo, Conrado Sastre Sabater, Jontahan Sendra Melguizo, Stephen Ross, Benito Escolano Lorrio, Gabriel de Ramón Grau, Miguel Lahoz y Juan Bautista Aragonés Charle.
2º Al mismo tiempo, octubre de 2002, se fijó una fianza solidaria de 1.500 millones de pesetas, de las que no se ha depositado cantidad alguna por ningún imputado, pese a la protesta constante de este colectivo, que denunció en mayo de 2005 ante el Consejo General del Poder Judicial esta situación.
3º Mientras sucedían estos hechos, el Consorcio de Compensación de Seguros presentó también querella adhiriéndose a la nuestra, con la pretensión, sin duda, al haber abonado el 89% de la inversión de los afectados de Mutua Mas Vida, de acceder a la propiedad de algunas de las fincas puestas a nombre de diversas empresas, como Esteres Land, Fabreral, etc. Esta iniciativa ha sido siempre combativa por el colectivo de querellantes, y ahora por la Plataforma de Afectados.
4º La realidad es que Rural New Life, S.A. creó, en su día, la Mutua Mas Vida, como viene sosteniendo esta Plataforma, aunque el Consorcio de Compensación de Seguros intenta demostrar que en realidad la Mutua Mas Vida se creó antes, y por ello los bienes de Rural New Life son de su propiedad. Esta afirmación, además de no ser cierta, supondría en todo caso que Mas Vida estaría obligada a pagar las inversiones que no devolvió nunca Rural New Life, por lo que quienes autorizaron y gestionaron ambas empresas, independientemente de los expolios que individualmente hayan cometido sus directivos, las Administraciones Públicas que gestionaron su creación (incluso nombrando administradores hasta el día de la fecha) deben asumir la responsabilidad civil que ha supuesto la pérdida de las inversiones a todos los afectados.
Son evidentes las negligencias que la Generalitat de Catalunya y la Dirección General de Seguros tuvieron, al aprobar una Mutua como la de Mas Vida, con la falsificación del acta fundacional y otros documentos, y de la que no puede exonerarse la Dirección Central de Seguros de Madrid, que puso el visto bueno en tal documentación (tenemos todas las pruebas de dicha evidencia).
5º Sin embargo, en febrero de 2002 de produce, casi simultáneamente, la intervención de ambas empresas (Rural New Life y Mutua Mas Vida), mediante la declaración de Quiebra voluntaria que la propia Generalitat de Catalunya insta ante los Juzgados de Barcelona y de Sevilla, nombrando unos administradores que actúan todavía hoy, pese al hecho de existir dos Sindicaturas (compuestas por el Consorcio de Compensación de Seguros para Mutua Mas Vida, y por los letrados Roberto Lagoa Santodomingo y Jesús Verdes Lezana para Rural New Life).
6º Hemos sostenido siempre que ambas quiebras son fraudulentas, como así lo han dicho los jueces de Barcelona y Sevilla, lo que supone deben instruirse todas las responsabilidades en vía penal, que es hasta la fecha la más avanzada.
El pasado 31 de mayo hemos conseguido por fin que el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla nº 5 obligue a la Sindicatura de Rural New Life a informar a todos los afectados sobre el requerimiento de fecha 8 de noviembre de 2005 que adjuntamos, así como la advertencia que a dichos Síndicos se hace de que deberán, de acuerdo con el art. 1362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizar unos estados mensuales a los acreedores, dando conocimiento al Comisario de la Quiebra, lo que parece que hasta la fecha no se ha realizado.
7º De igual manera, estamos procediendo a oponernos a las iniciativas del Consorcio de Compensación de Seguros en su deseo de quedarse con la finca más valorada de Rural New Life, en Lanzarote, tasada en su día en más de 1.500 millones de las antiguas pesetas, porque para nosotros Rural New Life y Mas Vida es lo mismo, y así lo estamos demostrando.
Por todo ello, se hace preciso que la Plataforma de Afectados se una al colectivo de querellantes ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona, donde ya nos hemos personado, pero cuya ratificación solicita la Juez.
Entendemos la necesidad de comunicar directamente con uds. en toda España, por lo que tenemos previsto convocar tres reuniones en Alicante, Vigo y Madrid, que se celebrarán entre el 15 y 30 de julio, con el fin de ampliar la información y contestar personalmente a todas sus preguntas y sugerencias.
Afectuosamente,
La Plataforma
La realidad es que si bien no superaron las 50 personas, la iniciativa de los telegramas fue muy eficaz, y la presencia de TV supuso el eco necesario para que a la Junta de la Plataforma la recibiese la Dirección de la citada Consejería, y se comprometiera, en el tiempo de este mismo mes, a contestar los requerimientos que sobre su responsabilidad les tiene hechos nuestro Gabinete Jurídico.
Se hace preciso, en este momento, concretar la situación actual y las gestiones que se han llevado a cabo, y están propuestas en la actualidad por esta Plataforma:
1º En octubre de 2002, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona admitió a trámite la querella criminal presentada por parte de un colectivo de querellantes, y en cuya instrucción se ha venido imputando a las siguientes personas: Evaristo Pérez Sánchez (fallecido), Juan José Pérez Sánchez, María de las Mercedes Torres Salado, María Nieves Torres Salado, Rocío Torres Salado, José Luis García Barragán, Abigail Martín Labazuy, Juan Andrés Torrecillas Martínez, Diego Luna Sánchez, Ángel Páramo Zarzuelo, Conrado Sastre Sabater, Jontahan Sendra Melguizo, Stephen Ross, Benito Escolano Lorrio, Gabriel de Ramón Grau, Miguel Lahoz y Juan Bautista Aragonés Charle.
2º Al mismo tiempo, octubre de 2002, se fijó una fianza solidaria de 1.500 millones de pesetas, de las que no se ha depositado cantidad alguna por ningún imputado, pese a la protesta constante de este colectivo, que denunció en mayo de 2005 ante el Consejo General del Poder Judicial esta situación.
3º Mientras sucedían estos hechos, el Consorcio de Compensación de Seguros presentó también querella adhiriéndose a la nuestra, con la pretensión, sin duda, al haber abonado el 89% de la inversión de los afectados de Mutua Mas Vida, de acceder a la propiedad de algunas de las fincas puestas a nombre de diversas empresas, como Esteres Land, Fabreral, etc. Esta iniciativa ha sido siempre combativa por el colectivo de querellantes, y ahora por la Plataforma de Afectados.
4º La realidad es que Rural New Life, S.A. creó, en su día, la Mutua Mas Vida, como viene sosteniendo esta Plataforma, aunque el Consorcio de Compensación de Seguros intenta demostrar que en realidad la Mutua Mas Vida se creó antes, y por ello los bienes de Rural New Life son de su propiedad. Esta afirmación, además de no ser cierta, supondría en todo caso que Mas Vida estaría obligada a pagar las inversiones que no devolvió nunca Rural New Life, por lo que quienes autorizaron y gestionaron ambas empresas, independientemente de los expolios que individualmente hayan cometido sus directivos, las Administraciones Públicas que gestionaron su creación (incluso nombrando administradores hasta el día de la fecha) deben asumir la responsabilidad civil que ha supuesto la pérdida de las inversiones a todos los afectados.
Son evidentes las negligencias que la Generalitat de Catalunya y la Dirección General de Seguros tuvieron, al aprobar una Mutua como la de Mas Vida, con la falsificación del acta fundacional y otros documentos, y de la que no puede exonerarse la Dirección Central de Seguros de Madrid, que puso el visto bueno en tal documentación (tenemos todas las pruebas de dicha evidencia).
5º Sin embargo, en febrero de 2002 de produce, casi simultáneamente, la intervención de ambas empresas (Rural New Life y Mutua Mas Vida), mediante la declaración de Quiebra voluntaria que la propia Generalitat de Catalunya insta ante los Juzgados de Barcelona y de Sevilla, nombrando unos administradores que actúan todavía hoy, pese al hecho de existir dos Sindicaturas (compuestas por el Consorcio de Compensación de Seguros para Mutua Mas Vida, y por los letrados Roberto Lagoa Santodomingo y Jesús Verdes Lezana para Rural New Life).
6º Hemos sostenido siempre que ambas quiebras son fraudulentas, como así lo han dicho los jueces de Barcelona y Sevilla, lo que supone deben instruirse todas las responsabilidades en vía penal, que es hasta la fecha la más avanzada.
El pasado 31 de mayo hemos conseguido por fin que el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla nº 5 obligue a la Sindicatura de Rural New Life a informar a todos los afectados sobre el requerimiento de fecha 8 de noviembre de 2005 que adjuntamos, así como la advertencia que a dichos Síndicos se hace de que deberán, de acuerdo con el art. 1362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizar unos estados mensuales a los acreedores, dando conocimiento al Comisario de la Quiebra, lo que parece que hasta la fecha no se ha realizado.
7º De igual manera, estamos procediendo a oponernos a las iniciativas del Consorcio de Compensación de Seguros en su deseo de quedarse con la finca más valorada de Rural New Life, en Lanzarote, tasada en su día en más de 1.500 millones de las antiguas pesetas, porque para nosotros Rural New Life y Mas Vida es lo mismo, y así lo estamos demostrando.
Por todo ello, se hace preciso que la Plataforma de Afectados se una al colectivo de querellantes ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona, donde ya nos hemos personado, pero cuya ratificación solicita la Juez.
Entendemos la necesidad de comunicar directamente con uds. en toda España, por lo que tenemos previsto convocar tres reuniones en Alicante, Vigo y Madrid, que se celebrarán entre el 15 y 30 de julio, con el fin de ampliar la información y contestar personalmente a todas sus preguntas y sugerencias.
Afectuosamente,
La Plataforma
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