Nota Informativa del 16 de marzo del 2007
El pasado 11 de enero informamos en la nota informativa de aquella fecha de las negociaciones establecidas con el Consorcio de Seguros sobre la posibilidad de que dicha entidad pudiera hacerse cargo de los créditos de todos los afectados de Rural New Life.
Las condiciones sugeridas por el Consorcio fueron:
Primero: rendición de cuentas sobre el Estado de activos y pasivos de la Sindicatura de Rural New Life.
Segundo: cese de dicha Sindicatura tras el convenio con el consorcio.
Tercero: pago directo por parte del Consorcio a cada uno de los afectados, sin mediación de abogados los cuales, en su caso, cobrarían su gestión directamente de sus clientes.
Cuarto: porcentaje de los créditos que pudiera pagarse, teniendo en cuenta los activos y pasivos en que se encuentre en la actualidad Rural New Life y sus empresas.
Quinto: considerar que Más Vida es la madre de Rural New Life, con la finalidad de que el Consorcio pudiera hacerse cargo de los pagos.
Esta propuesta, con la misma fecha de 11 de enero ppdo. se trasladó a los síndicos Roberto Lagoa Santo Domingo y Jesús Verdes Lezana, siendo respondido el 18 de enero por el síndico Roberto Lagoa Santo Domingo mostrando su conformidad y la de su esposa, la síndico Loreto Lago y la del tercer síndico Jesús Verdes.
El 20 de febrero ppdo. el Consorcio en las dependencias de su sede central en Madrid manifiesta a este letrado que puede ser complicada la fórmula ofertada en Barcelona el 10 de enero y que tal vez hubiera la posiblidad de la entrega de la finca de Lanzarote, mejor valorada de todas, a la quiebra de Rural New Life y proceder a la venta de todo el patrimonio por la Sindicatura.
Evidentemente manifesté mi disconformidad a tal proyecto y mi extrañeza al paso atrás que ello suponía.
Finalmente el pasado jueves 8 de marzo fuimos citados delante del Consorcio en Madrid la Sindicatura de Rural New Life que compareció a traves de los síndicos Roberto Lagoa y Jesus Verdes, así como este letrado. No se encontraba presente la Sra. Concepción Bermúdez, que sí lo hizo en la reunión del 10 de enero en Barcleona, y que es la representante legal del Consorcio.
La realidad es que la Sindicatura de Rural New Life manifestó su acuerdo por la ultima iniciativa propuesta por el Consorcio, de entrega de la finca de Lanzarote, supuestamente patrimonio de Más Vida, admitiendo que ello supondría el pago de no más del 65% de las inversiones de los afectados, a lo que de forma categórica se opuso la representación de la plataforma y los querellantes. Terminando la reunión sin acuerdo alguno, y fijando para una fecha próxima, que opción puede escoger el consorcio.
Esta representación quiero manifestar:
Primero: que no se encuentra todavia al día de la fecha ni en el Consorcio, ni en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Sevilla ni a este letrado, pese a pedirnos reiteradamente balance de los bienes inmuebles propiedad de Rural New Life; ni de las cargas que sobre los mismos puedan existir; ni las ventas de las fincas que se hayan podido realizardel patrimonio de Rural New Life; ni las subastas a las que se haya acudido en embargo de dichos patrimonios por terceros; ni los juicios entablados, ganados o perdidos en la defensa de los afectados; ni las cuentas de honorarios pagadas a procuradores y abogados; ni la justificación de los gastos que ha ocasionado el desarrollo de la quiebra por los pagos que se hayan podido hacer al Comisario y a la Sindicatura.
Es evidente que esta representación, que acredita más de 600 afectados entre querellantes y adheridos a la Plataforma no puede esperar más tiempo sin la exigencia de responsabilidades a quienes tienen el deber de justificar el estado actual de la quiebra de Rural New Life y el modo previsto para resarcir a los afectados.
Dadas las circunstancias presentes no cabe duda que solo una entidad pública como el Consorcio debe finalizar lo que en su día empezó con las quiebras de Más Vida y Rural New Life, porque es la única garantía que pueden tener todos los afectados, ya sea comprando los créditos por dicha entidad, o liquidándolos con pago directo a los afectados, que tienen el derecho de elegir la forma más apropiada a sus intereses, y en este sentido y con esta fecha, nos dirigimos a la Generalidad de Cataluña y a la Dirección General de Seguros para que se adopten todas las medidas necesarias para resarcir en la medida de lo posible los importes de los créditos acreditados.
Barcelona, a 16 de marzo del 2006
Fdo. Esteban Gómez Rovira
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